La nueva Ley de Telecomunicaciones

El anteproyecto de Ley General de Telecomunicaciones (LGT), con la que el Gobierno quiere mejorar la competencia en el sector y atraer unas inversiones de hasta 25.000 millones de euros, reducirá el número de las sanciones muy graves a los participantes en el sector, pero a la vez elevará su cuantía ostensiblemente, desde 2 millones de euros hasta 20 millones, indicaron en fuentes del Ministerio de Industria.

En línea con el espíritu liberalizador de la norma, habrá menos control ‘ex ante’ del Estado, hasta el punto de que las licencias de instalación de equipos se sustituirán por declaraciones responsables, pero se elevará el control ‘ex post’, a través de sanciones que podrán ser impuestas tanto por la nueva Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), como por Industria.

Como ejemplo de tipología muy grave, Industria cita el caso de un operador “ilegal” de FM que dañe el servicio aeronáutico, mientras que como sanción grave, donde la multa pasa de 0,5 a 2 millones de euros, alude a un caso similar, pero de daños menores. Un sanción leve se mantendría en 50.000 euros y sería, por ejemplo, una perturbación del espectro, pero sin eliminarlo.

Por otro lado, la nueva ley recoge la posibilidad de que Industria pueda imponer en casos justificados el uso compartido de redes, si bien no será este el espíritu de la norma.

El Gobierno incide especialmente en el despliegue de la fibra óptica en los edificios y en la necesidad de mejorar la eficiencia para “aprovechar al máximo lo que hay” y no haya que “levantar continuamente las calles”, lo que no hace sino elevar los costes.

Dentro de este espíritu, las redes públicas de comunicaciones electrónicas serán consideradas equipamientos de carácter básico y su obra será de interés general. Se fijará además la obligación de instalar estas redes en zonas de nueva urbanización.

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