La Asociación de Internautas ha reclamado una mayor protección de los derechos a la intimidad y la libertad de expresión frente a la vigilancia de las comunicaciones por parte de los gobiernos, lamentando que no están garantizando que la legislación relativa a esta esté en consonancia con los Derechos Humanos.

El colectivo ha reivindicado a través de un comunicado que la intimidad es un derecho humano «fundamental» y es «cardinal para el mantenimiento de sociedades democráticas». Por tanto, han recordado, las actividades que restringen este derecho, incluida la vigilancia de las comunicaciones, «únicamente pueden justificarse cuando están prescritas por ley, son necesarias para alcanzar un objetivo legítimo y son proporcionales al fin perseguido».

Internautas ha lamentado que las barreras logísticas inherentes al monitoreo de comunicaciones han disminuido en décadas recientes, lo que ha desembocado en una pérdida de claridad en la aplicación de principios jurídicos en los nuevos contextos tecnológicos y en una vigilancia estatal «a una escala sin precedentes». En paralelo, las conceptualizaciones de la legislación vigente en materia de Derechos Humanos «no han seguido el ritmo» de cambio de las capacidades de vigilancia de comunicaciones.

En ese sentido, la Asociación de Internautas ha denunciado que la frecuencia con la que los Estados procuran acceder tanto al contenido de las comunicaciones como a los metadatos de las mismas «aumenta drásticamente, sin controles adecuados». El acceso a esta información «permite crear perfiles de la vida de las personas», con datos como condiciones médicas, orientaciones políticas y religiosas, asociaciones, interacciones e intereses.    Pese a estos niveles de intrusión, el colectivo ha criticado que los instrumentos legislativos y de políticas públicas «a menudo otorgan a los metadatos de comunicaciones un menor nivel de protección, sin imponer las suficientes restricciones sobre cómo pueden ser posteriormente utilizados por los organismos del Estado».

Internautas ha elaborado una lista de principios que, bajo su criterio, garantizan el cumplimiento por parte de los Estados de las obligaciones derivadas de la legislación internacional sobre Derechos Humanos en lo relativo con la vigilancia de las comunicaciones. De acuerdo con este listado, cualquier limitación al derecho a la privacidad debe ser prescrita por la ley, y esta solo debe permitir esta vigilancia por parte de autoridades estatales específicas «para alcanzar un objetivo legítimo que corresponda a un interés jurídico preponderante y necesario en una sociedad democrática».