La Dirección General de Tráfico crea la OFVA, una unidad específica para autorizar pruebas de vehículos automatizados. El plan incluye tres fases y busca posicionar a España como referente europeo en movilidad inteligente.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha dado un paso decisivo para acelerar el despliegue de la conducción autónoma en España. Este mes ha anunciado la creación de la Oficina para la Facilitación de Pruebas de Vehículos Automatizados (OFVA), un nuevo organismo dedicado exclusivamente a autorizar, coordinar y supervisar las pruebas de coches autónomos en las carreteras españolas.
Esta medida responde al rápido avance de la tecnología de conducción automatizada y al interés creciente de fabricantes, desarrolladores de software e institutos de investigación por realizar ensayos en condiciones reales. Con esta iniciativa, España se une al grupo de países europeos que ya están construyendo un marco normativo y técnico para facilitar la transición hacia la movilidad sin conductor.
Tres fases de pruebas, autorizaciones centralizadas
Según la información oficial, el proceso de ensayo estará estructurado en tres fases progresivas. En la primera, se autorizarán pruebas con vehículos equipados con sistemas de automatización SAE nivel 3, es decir, aquellos capaces de asumir la conducción bajo ciertas condiciones, pero con la necesidad de que un conductor humano tome el control cuando el sistema lo requiera.
La segunda fase contemplará pruebas más avanzadas, con vehículos de nivel 4, que pueden operar de forma autónoma en entornos específicos sin intervención humana. Finalmente, la tercera fase se orientará hacia sistemas completamente autónomos, incluso sin volante ni pedales, como los proyectados por empresas como Waymo o Cruise.
Todas las pruebas deberán cumplir una serie de requisitos técnicos y administrativos. Entre ellos destacan: presentar un plan detallado del ensayo, contratar un seguro específico de responsabilidad civil, identificar el tipo de sistema de conducción automatizada y demostrar capacidades de ciberseguridad. Además, los vehículos participantes deberán llevar una etiqueta distintiva que indique su estatus como «vehículo en pruebas automatizadas».
Un paso estratégico para el ecosistema tecnológico español
La creación de la OFVA no solo representa un cambio en la política regulatoria, sino también una oportunidad clave para fortalecer el ecosistema tecnológico e industrial vinculado a la movilidad inteligente en España. Fabricantes de automóviles como SEAT, Renault, Stellantis o Mercedes-Benz ya han mostrado interés en realizar ensayos en el país. También empresas de software y sensores como Mobileye, Bosch o empresas emergentes locales podrán aprovechar el marco normativo para desarrollar y validar sus soluciones.
Además, varias universidades técnicas y centros de innovación, como el Instituto de Automática e Informática Industrial de la UPV o el CTAG en Galicia, están en condiciones de participar en los ensayos como socios tecnológicos o de evaluación.
Desde el Ministerio del Interior, del que depende la DGT, destacan que la medida “sitúa a España en el mapa de la movilidad autónoma en Europa” y que facilitará la atracción de inversión extranjera y el desarrollo de talento especializado en robótica, IA, visión artificial y sistemas de asistencia a la conducción.
Comparativa europea y retos pendientes
Otros países europeos han lanzado iniciativas similares. Alemania, por ejemplo, cuenta con un marco legal que permite circular a vehículos de nivel 4 en zonas delimitadas desde 2021. Francia ha impulsado zonas de pruebas experimentales desde 2022, y el Reino Unido tiene previsto permitir el uso comercial de coches autónomos en 2026.
En comparación, España había mantenido un enfoque más conservador, centrado en proyectos piloto puntuales como el autobús autónomo de Málaga o pruebas cerradas en circuitos. La puesta en marcha de la OFVA supone un cambio de enfoque, con un marco más flexible y orientado a escalar la tecnología.
Sin embargo, el éxito de esta estrategia dependerá también de la inversión en infraestructura conectada, el despliegue de redes 5G para comunicaciones V2X (vehículo a todo) y una regulación clara sobre la responsabilidad en caso de accidentes. Además, será clave garantizar la protección de datos y la seguridad informática en sistemas cada vez más complejos e interconectados.
