La Comisión Europea da una hora de plazo para retirar contenido inapropiado relacionado con el odio o el terrorismo. En caso de que no lo respete y retire inmediatamente el contenido, recibirá una sanción de hasta de hasta 50 millones de euros.

Los primeros instantes son claves para detener la propagación de propaganda terrorista. Por esta razón, en el momento que Europol, o cualquier otra autoridad policial, indique a una de las plataformas de Internet que retire un contenido, lo ha de hacer cuanto antes.

Bruselas está segura de la importancia de este hecho y por eso pide a las grandes compañías que ayuden a las más pequeñas a analizar la información que entra en sus servidores, ya que estas no tienen esa capacidad. También pide que haya más presencia humana controlando lo que entra en los servidores.

La Comisión Europea critica duramente la falta de coordinación y los procesos burocráticos. Estos hacen mucho más lento el proceso y mientras tanto, los contenidos pueden filtrarse.

Esta medida ha dado pie a los primeros detractores que tienen serias dudas de si esto vulnera los derechos de los ciudadanos y la libertad de expresión. EDRI, la organización europea de defensa del consumidor en la Red ha dicho que la Comisión Europea «está presionando a los gigantes de Internet para que se censuren voluntariamente. Así evitan poner en marcha leyes sujetas al escrutinio democrático y la acción de los jueces».