Aumentan un 36% las reclamaciones ante Protección de Datos tras el nuevo reglamento europeo

Las reclamaciones recibidas por la Agencia Española de Protección de Datos desde el pasado 25 de mayo, fecha en que se instauraba el nuevo Reglamento general de protección de datos a nivel europeo, han aumentado un 36% sobre el mismo período de 2017, son en total 5.200 reclamaciones según informa la agencia Efe.

Ya en los cinco meses previos a la implantación de este reglamento se habían incrementado aunque a un ritmo mucho más bajo que el que lo ha hecho en los últimos meses.

Las primeras cifras que facilita la AEPD a principios de septiembre una vez en vigor ya el nuevo reglamento europeo, tras poco más de tres meses desde su implantación el 25 de mayo, se situaban ya en el 33 por ciento la tasa de incremento de reclamaciones respecto al mismo período del año anterior.

El reglamento europeo de Protección de Datos, de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros, introduce nuevos requisitos de privacidad a las empresas a la hora de tratar datos de personas o venderlos a terceros, además de la exigencia de un consentimiento claro y expreso del usuario para que pueda hacerse.

El reglamento nace con el objetivo de garantizar una mayor protección de la privacidad ya que atravesamos una coyuntura donde la intimidad está mucho más expuesta por el auge de nuevas tecnologías que delatan fácilmente la identidad de las personas a partir del procesamiento de millones de datos dispersos en internet.

Por su parte, el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad un nuevo proyecto de ley para adaptar el ordenamiento jurídico español a este reglamento europeo de Protección de Datos. Esta normativa en España tendrá que pasar ahora su tramitación parlamentaria en el Senado que se espera esté concluida antes de final de año.

El texto de este proyecto de ley está titulado como Garantía de Derechos Digitales, al incorporarse enmiendas al texto inicial en su paso por el Congreso, regula aspectos como “el olvido” en internet, la desconexión digital laboral o el testamento digital.

De igual forma, la normativa asegura la intimidad de los empleados en entornos de trabajo ante la presencia de videocámaras o sistemas de geolocalización y además fortalece la protección en línea de los menores y garantiza la portabilidad de datos personales o el acceso universal a internet.

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