Google, en contra de la tasa aplicada a servicios digitales en España

Luego de que las autoridades españolas anunciaran la llegada de una tasa aplicada a determinados servicios digitales, que además ha sido determinada de forma unilateral y no consensuada, los representantes de Google en el país han dado una alerta al respecto de las consecuencias que la creación de este tipo de impuestos podría provocar.

En concreto, ha sido la propia Directora de Políticas Públicas y Relaciones Gubernamentales de Google España, María Álvarez, quien se ha manifestado al respecto, señalando que les preocupan “algunas incitativas legislativas como el recientemente presentado anteproyecto de ley del impuesto a determinados servicios digitales, que implica la actuación unilateral de España sin esperar al consenso entre países a nivel OCDE o, al menos, a nivel europeo”.

Estas declaraciones, que además adquieren relevancia a partir de que se han producido durante el acto inaugural del Foro de la Gobernanza en InternetIGF Spain-, tienen como principal objetivo evitar que se produzcan situaciones negativas para el mercado, que podrían estar relacionadas con la menor inversión tanto en conectividad como en digitalización.

De la misma manera, Álvarez no ha querido perder la oportunidad de manifestar la preocupación que existe por parte de Google acerca del reglamento europeo para regular las relaciones entre diferentes empresas y plataformas, indicando que les generan ciertas dudas que estas normativas vayan más allá de la simple necesidad de asegurar la transparencia de estos servicios.

Finalmente, y ya siendo más optimistas, la representante de Google ha declarado que la compañía de Mountain View mantiene su absoluto compromiso para con España, buscando que este país se transforme en un “referente en innovación y digitalización” a nivel continental.

Veremos si en las próximas semanas La Gran G y otras compañías más relacionadas con el mercado norteamericano siguen manifestándose en torno de lo que ha sido la nueva Ley de Copyright aprobada por el Parlamento Europeo, además de otras leyes españolas como ésta.

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