Vodafone podría ser demandada por cobrar la liberación de móviles

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Facua-Consumidores en Acción ha instado a los usuarios de toda España a los que Vodafone haya cobrado cualquier cantidad por el desbloqueo de sus teléfonos móviles a que se sumen de forma gratuita a la demanda colectiva abierta en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de A Coruña.

 Según ha informado este domingo Facua en una nota, se ha puesto a disposición de los afectados un formulario para personarse en la demanda, para lo que tienen de plazo hasta el 1 de junio, que pueden descargar en la web ‘FACUA.org/DemandaColectivaVodafone’.

Apoyándose en las argumentaciones legales por las que la asociación ha denunciado este «fraude masivo de las grandes compañías de móvil», la Fiscalía de A Coruña interpuso una demanda contra Vodafone que fue admitida a trámite por el citado juzgado.

En este sentido, desde Facua se ha incidido en que el juzgado publicó un edicto en el Boletín Oficial del Estado (BOEx) el pasado 31 de marzo en el que daba un plazo de dos meses para sumarse a la demanda colectiva.

A su vez, Facua ha apuntado que tras las denuncias, en julio de 2012, las autoridades de protección al consumidor del Gobierno y las comunidades autónomas elaboraron un informe «en el que confirmaban la ilegalidad de la venta de móviles bloqueados e instaban a las compañías a liberarlos sin coste alguno».

«Las compañías venían cobrando distintas cantidades por liberar los teléfonos móviles una vez finalizados los compromisos de permanencia establecidos en sus contratos», ha asegurado la asociación, que ha remarcado que son cantidades que ahora pueden reclamar, «junto a los daños y perjuicios que puedan acreditar», a través de la demanda colectiva los afectados de Vodafone, «continúen o no siendo clientes de la compañía».

 Como consecuencia de la campaña de denuncias de –desarrollada con el lema ‘#liberamimóvil’– y el informe jurídico de las autoridades de consumo, Facua ha apuntado que las operadoras «dejaron paulatinamente de comercializar móviles con el bloqueo y todas, salvo Yoigo, implementaron distintos protocolos para su liberación, aunque no han sido gratuitos en todos los casos».

En el caso de Vodafone, ha señalado que comenzó a liberar los teléfonos en julio de 2014, pero «siguió incumpliendo la ley al cobrar por este trámite si se solicitaba por teléfono y no a través de su web y su app»; algo, a su juicio, «inviable para los afectados que ya no eran clientes de la compañía”.

 

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