Como sabemos, el pasado 26 de mayo se publicó el Real Decreto-ley 19/2020, el mismo que volvía a habilitar las portabilidades entre operadoras, tras el reclamo que algunas compañías como MásMóvil habían realizado al respecto. Pues bien, parece que había una letra chica que recién se da a conocer.

El caso es que, tras más de tres meses en los que las portabilidades sólo estuvieron disponibles para aquellos casos en los que no era necesaria la participación de un trabajador de la compañía de telecomunicaciones, esta rehabilitación viene con una cláusula a la que debemos prestarle atención.

Básicamente, en la misma se señala que las operadoras podrán bloquear las portabilidades de aquellos clientes que presenten deudas de varios meses, lo que ha llevado a que distintas asociaciones de defensa de los usuarios y consumidores se hayan pronunciado en contra de las medidas.

Concretamente, en el artículo 2 del último Real Decreto publicado por el gobierno se indica:

La aceptación de la solicitud del fraccionamiento y aplazamiento de la deuda determinará la suspensión del derecho de los abonados a la conservación de los números que les hayan sido asignados en caso de cambio del operador que preste el servicio, hasta el momento en el que el abonado esté al corriente de la deuda aplazada o, en todo caso, durante el plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de este real decreto-ley.

En otras palabras, se trata de un recorte de derechos obtenidos, cuando se consiguió que los usuarios tuvieran poder de decisión sobre su número de teléfono, pudiendo llevarlo de una empresa a otra más allá de situaciones contractuales, como informan desde FACUA-Consumidores en Acción.

Todo esto, mientras más de una ley española y europea apoya que cada cliente pueda mantener su número, pase lo que pase. Veremos qué ocurre, entonces, cuando se produzcan las primeras polémicas por usuarios que quieren abandonar sus compañías actuales vía portabilidad y con deudas.