«Un llamamiento a las grandes plataformas de contenidos para que contribuyan al coste de la infraestructura digital europea que lleva sus servicios». Ese es el título que lleva una nota de prensa difundida por Telefónica en estas horas, que lleva la firma de varios de los principales hombres fuertes de las más importantes operadoras.

En concreto, han sido José María Álvarez-Pallete (presidente y director ejecutivo de Telefónica), Tim Höttges (director ejecutivo de Deutsche Telekom), Nick Read (director ejecutivo de Vodafone) y Stéphane Richard (presidenta y directora ejecutiva de Orange), quienes han suscrito este contundente comunicado oficial.

Allí se apunta al «crecimiento vertiginoso de las actividades digitales», y a lo vital que resulta la conectividad para las sociedades actuales y la economía, y la vida en general, considerando que ese tráfico de datos que aumenta un 50% cada año es el que está poniendo en jaque cualquier inversión en infraestructura y redes actuales.

Evidentemente, las plataformas de streaming se benefician de la actual situación, y eso hace que las telecos, que han multiplicado sus esfuerzos durante la pandemia por coronavirus y el confinamiento, consideren ahora que deberían también hacer sus propios aportes para garantizar el acceso y la participación en el ámbito digital.

Telefónica y sus pares sostienen que la situación «no es sostenible», y que es necesario que las autoridades del caso tomen cartas en el asunto, ya que «la inversión debe repartirse de forma más proporcionada», sobre todo sabiendo que «el streaming de vídeo, los videojuegos y las redes sociales originados por unas pocas plataformas de contenidos digitales representan más del 70% de todo el tráfico que circula por las redes» hoy en día.

Las operadoras argumentan que no están en condiciones de negociar condiciones justas con estas gigantescas plataformas «debido a su fuerte posición en el mercado, su poder de negociación asimétrico y la falta de igualdad de condiciones reglamentarias«, las mismas que impiden que se les exija una contribución.

Veremos qué pasa en los próximos meses, pero sin dudas éste es un llamado de atención que Gobiernos y quienes legislan al respecto en el continente europeo tendrán que considerar, ya que las quejas se vienen acumulando en los últimos meses, y esta tendencia está lejos de encontrar su final en el corto plazo.