Las operadoras tendrán que ofrecer un Internet básico en las zonas rurales, o al menos eso es lo que dictaminó este martes el Consejo de Ministros, tras aprobar una reforma de la Ley General de Telecomunicaciones, en la que se introducen varias novedades acerca de la cobertura y accesos universales en el territorio nacional.

El Gobierno pretende de este modo achicar la actual brecha de conectividad que hay entre los centros urbanos más importantes y las pequeñas localidades del interior de cada provincia, que hace que miles de personas tengan que trasladarse, o asentarse, en las metrópolis, agravando el problema de la despoblación.

Con esta nueva normativa, que viene a reemplazar a la dictada allá por el año 2014, actualizando el paquete de servicios básicos que las operadoras tienen que poner a disposición de los usuarios, se intenta además que todo el peso no recaiga solamente sobre Telefónica, sino también sobre las demás: Vodafone, Orange y MásMóvil.

De este modo, las principales firmas del sector tendrán que acercar una conexión a Internet al menos básica, con características específicas como un precio «asequible», y suficientes para una experiencia «de banda ancha», según han confirmado representantes de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones.

Todas las personas que se conecten desde estas localidades, tendrán que poder utilizar elementos tales como navegadores, clientes de correo electrónico, motores de búsqueda, plataformas de compras de bienes y contratación de servicios, productos bancarios, relación con la administración, redes sociales/mensajería.

De tal forma, iniciativas como Adamo Fiberhood, para reclamar fibra en la España rural, estarán acompañadas de la inversión obligada de las grandes operadoras en el país, que hasta ahora dejaban de lado aquellos pueblos alejados por cuestiones de retornos de su dinero, pero que ya no tendrán excusas para hacerlo.